El delito de acoso

Carlos Sánchez López |  13 julio, 2015 |  Penal |  5 minutos

Desde la última reforma del Código Penal entró en vigor una nueva figura delictiva que viene a dar respuesta a varias situaciones frecuentes que, anteriormente, resultaban difíciles de combatir judicialmente pero que afectaban de forma muy importante a la vida de las personas que las sufrían, caracterizadas por su insistencia y reiteración.

Hasta dicha reforma, existían numerosos comportamientos cuya incardinación en los tipos de amenaza o coacción resultaba, cuanto menos, complicada. Esto suponía que quedasen impunes o, en el mejor de los casos, que se castigasen como una falta de coacciones, cuya pena era únicamente de diez a veinte días de multa, lo que en la mayoría de las ocasiones no se correspondía para nada con la angustia y las molestias que se causaban a la víctima.

La Ley Orgánica 1/2015 añade el nuevo artículo 172 ter al Código Penal, que reza así:

Artículo 172 ter CP. “1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:
1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.
Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.
3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.

Se contempla, pues, un nuevo tipo delictivo, que se añade a los otros delitos contra la libertad como son las detenciones ilegales y secuestros, las amenazas y las coacciones, cuyo bien jurídico protegido es la libertad personal y el derecho a la tranquilidad y al sosiego. No requiere un anuncio de un mal, como la amenaza; ni la concurrencia de violencia o intimidación, como las coacciones; sino que el delito se consuma con una serie de conductas llevadas a cabo de forma insistente y reiterada. Este delito de acoso ya existía en algunas legislaciones anglosajonas, como la estadounidense, siendo conocido como delito de stalking, palabra que significa acechar sigilosamente a alguien. También existe en numerosas legislaciones de nuestro entorno, como Alemania, Italia o Bélgica, por lo que su inclusión en nuestro Código Penal era cuestión de tiempo.

Las conductas son las descritas en el tipo, y dada la prohibición de la analogía imperante en el Derecho penal, no deberían verse comprendidas en ellas cualesquiera otras, aunque puedan parecer muy similares. Así, las conductas son las siguientes:

  1. Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de la víctima.
  2. Establecer contacto, o intentarlo, a través de cualquier medio de comunicación o de terceras personas.
  3. Utilizando sus datos personales, adquirir productos o mercancías, contratar servicios, o hacer que terceras personas se pongan en contacto con la víctima.
  4. Atentar contra la libertad o patrimonio de la víctima o de otra persona próxima a ella.

Son actuaciones que con relativa frecuencia sufrían algunas personas, generalmente por parte de personas cercanas a su entorno, y que hasta ahora resultaban difíciles de atacar jurídicamente salvo que escalasen a conductas de mayor entidad. Estos comportamientos deben alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, superando en relevancia a aquellas otras que se entiende que toda persona debe tolerar. Queda por ver la interpretación que la jurisprudencia realice de esta gravedad, si así, por ejemplo, en el caso de llamadas telefónicas se exige un número mínimo de ellas durante un determinado período.

La pena que conlleva la comisión de este delito es la de prisión de tres meses a dos años, o multa de seis a veinticuatro meses. Son penas bastante importantes, y que superan ampliamente los veinte días de multa de la antigua falta de coacciones. Estas penas se imponen sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. Por ejemplo, si como parte del acoso se han recibido amenazas, se castigarían también las amenazas de forma conjunta con este delito.

El nuevo tipo contempla una pena agravada para el caso de que se trate de una persona vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, elevando la pena mínima de tres a seis meses. Y también, como viene siendo habitual por parte de nuestro legislador en este tipo de delitos que puedan estar relacionados directa o indirectamente con la violencia de género, se contempla un tipo cualificado para el caso de que el agraviado pertenezca al ámbito familiar del sujeto activo, que eleva la pena mínima hasta un año, pudiendo sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días.

Salvo en este último caso de especial relación con el agraviado, en el que el delito es perseguible de oficio, quizás para evitar la tan frecuente retirada de denuncias que se produce en ámbitos como el de la violencia de género, en el resto de casos el delito se configura como un delito privado, requiriendo la previa denuncia del agraviado o su representante legal.

En conclusión, considero bastante acertada la inclusión de este nuevo delito, pues responde a una necesidad real existente en la sociedad de castigar algunos comportamientos que producen importantes problemas en la vida de las víctimas y cuya pena, anteriormente, era prácticamente insignificante.