El derecho de información de los socios

Carlos Sánchez López |  15 octubre, 2015 |  Mercantil |  9 minutos

El sistema dual de gestión de la sociedad provoca ciertos problemas debido a la tensión entre los dos órganos principales: la junta general y el órgano de administración. Esto ha motivado la aparición de una serie de mecanismos y pautas orientados a gestionar la relación entre ambos y, especialmente, a fomentar y reforzar la participación accionarial en el gobierno de la sociedad.

Uno de los más importantes cauces de participación de que dispone el socio es el ejercicio de su derecho de información, el cual aparece recogido en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) como uno de los derechos mínimos e irrenunciables del socio y es regulado, de forma más específica, en los artículos 196 y 197 LSC, para la sociedad limitada y la anónima respectivamente. Este derecho tiene dos importantes vertientes en función de si se ejercita antes de la junta o durante la misma.

Inicialmente, el derecho de información se concebía como un derecho instrumental que se encontraba vinculado al derecho de voto, pervivencia de la antigua normativa en materia de sociedades anónimas, donde era así cómo se configuraba. Sin embargo esta concepción restringida se ha visto superada por la normativa más reciente, incluyendo no sólo la española sino también la europea, así como por la interpretación jurisprudencial. En este sentido son de interés las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2011 (Rec. 1298/2008) y de 19 de septiembre de 2013 (Rec. 1643/2010). El derecho de información actualmente se configura, por tanto, como un derecho autónomo, sin perjuicio de que pueda cumplir una finalidad instrumental del derecho de voto.

El ejercicio anticipado del derecho de información

Dentro del derecho de información está comprendida la obtención de determinada información por parte del socio de forma previa a la celebración de la junta general, para que éste pueda formar su voluntad de cara a emitir su voto. Si bien la regulación de este ejercicio anticipado es similar en lo esencial para las sociedades limitadas y para las sociedades anónimas, es lo suficientemente diferente como para que resulte aconsejable su estudio por separado.

Así, dentro del ámbito de la sociedad limitada, el artículo 196 LSC contempla la posibilidad de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración está obligado a proporcionarlos, excepto cuando la publicidad de ésta perjudique el interés social. Se establece, por tanto, una vía para que los propios administradores puedan censurar la información como crean oportuno. Para evitar o, al menos, paliar las situaciones de abuso que eso pueda suponer, la denegación no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

En el ámbito de sociedad anónima también pueden solicitarse de los administradores los informes o aclaraciones que el socio estime precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día pero, además, pueden formularse también las preguntas que se consideren pertinentes, en lo que supone una ligera ampliación del derecho. El plazo, sin embargo, es menor, pues el límite para su solicitud es hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. La información debe ser facilitada por escrito hasta el mismo día de la celebración.

También se contempla en sede de anónimas la facultad del órgano de administración de no facilitar la información, con una amplitud también mayor que alcanza a aquella información que sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o cuando existan razones objetivas para considerar que la información podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas. Aunque al igual que ocurría en el caso de las limitadas, la denegación no procederá cuando apoye la solicitud el veinticinco por ciento del capital social, cantidad que los estatutos pueden disminuir hasta un mínimo del cinco por ciento. Es importante destacar que, en el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio será responsable de los daños y perjuicios causados.

Junto con este deber de información previa que podría calificarse como genérico, se contemplan a lo largo de la Ley de Sociedades de Capital diversos deberes específicos de información. El más usual en la práctica es el que concierne a la información contable y que se regula en el artículo 272 LSC, en cuya virtud las cuentas anuales deben ser puestas a disposición de los socios de forma previa a su aprobación, incluyendo en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. En la sociedad limitada, y salvo disposición contraria en los estatutos, este derecho se extiende también al de los documentos que sirvan de soporte y de antecedente a las cuentas anuales, siempre que el socio o socios que lo soliciten representen al menos el cinco por ciento del capital, y el examen de los documentos se lleve a cabo en el domicilio social.

Surgen también deberes específicos en otros casos en los que se requiere la elaboración de determinados informes por parte de los administradores: modificaciones estructurales, modificaciones estatutarias, aumentos de capital con aportaciones no dinerarias o por compensación de créditos, exclusión del derecho de suscripción preferente, y emisión de obligaciones convertibles.

El ejercicio del derecho de información durante la celebración de la junta general

La otra vertiente del derecho de información es la que se da cuando el ejercicio del derecho se produce durante la celebración de la junta general. Es necesario para su ejercicio, como presupuesto lógico, que el socio que pretende hacerlo valer haya asistido a la misma y, por tanto, que haya podido asistir de acuerdo con el artículo 179 LSC.

En la sociedad limitada, el ejercicio del derecho durante la junta es muy similar al ejercicio anticipado que ya he examinado. La solicitud de información se realizará de forma verbal y será contestada por igual medio por el órgano de administración. También es posible negarse a suministrar la información si su publicidad perjudica al interés social, no procediendo tal negación cuando la solicitud la apoye el veinticinco por ciento del capital social.

Lo mismo ocurre en la sociedad anónima. La única particularidad reside en que, si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en el momento de celebración de la junta, lo que puede ocurrir por ejemplo cuando la información solicitada sea muy amplia o demasiado específica, el órgano de administración deberá facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

La relación del derecho de información con la impugnación de acuerdos sociales

Uno de los más importantes cambios que la Ley 31/2014 introdujo en el derecho de información radica en las consecuencias de su incumplimiento. Hasta entonces, el incumplimiento del deber de información suponía un incumplimiento de la ley y, por tanto, la nulidad de los acuerdos adoptados y la posibilidad de su impugnación. Se trataba, además, de una suerte de motivo comodín presente en la mayoría de los procesos de impugnación.

Tras la reforma, el nuevo apartado 5 del artículo 197 LSC recoge, en sede de anónimas, que la vulneración del derecho de información que hemos analizado como genérico sólo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general. No se contiene ningún precepto similar para la sociedad limitada.

Y, con una regulación común a ambos tipos societarios, el artículo 204.3.b) LSC se pronuncia indicando que no procederá la impugnación basada en “la incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta”, de forma que la impugnación de acuerdos sociales por infracción del derecho de información queda proscrita.

Se contiene, no obstante, una importante salvedad. El artículo continúa: “salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación”. La mera lectura del precepto ya hace surgir en cualquier jurista una importante pregunta: ¿qué información es esencial? Parece acogerse en cierta medida la prueba de la relevancia, que busca examinar si la incorrección ha tenido la suficiente relevancia como para afectar a la formación de la voluntad del socio, y quizás también la prueba de la resistencia, esto es, si el acuerdo habría sido aprobado aun teniendo en cuenta la infracción producida. Habrá que ir viendo cómo se desarrolla la jurisprudencia en torno a la interpretación de este carácter esencial de la información, sin perder de vista la ya existente que no perderá su vigencia en lo fundamental.

Lo que también cambia es la forma de apreciar esa esencialidad, esto es, el cauce y momento procesal oportuno. El inciso final del artículo 204.3 LSC establece que “presentada la demanda, la cuestión sobre el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación previstos en este apartado se planteará como cuestión incidental de previo pronunciamiento”, lo que hace referencia al régimen contenido en los artículos 387 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se plantean algunas dificultades para encajar el artículo 204 LSC en la norma procesal, ya que esta última surgió pensando en otro tipo de situaciones. La jurisprudencia al respecto está en plena formación, aunque ya existen pronunciamientos muy interesantes y que se han de conocer. Por ejemplo, el acuerdo alcanzado por los jueces y secretarios judiciales de Barcelona sobre aspectos procesales introducidos por la Ley 31/2014 en materia de impugnación de acuerdos sociales ha determinado que la cuestión debe plantearse por el demandado (que normalmente será la propia sociedad) como otrosí en el escrito de contestación a la demanda. Si el juez no aprecia el carácter esencial del derecho de información negado archivará el pleito principal mediante auto y, si lo aprecia, ordenará también mediante auto la continuación del pleito principal.

En conclusión, lo que se ha buscado con este régimen es una disminución de la litigiosidad y dotar a los acuerdos sociales de una mayor fuerza, reduciendo la facilidad de impugnar en base a un motivo que, en muchas ocasiones, no respondía a un perjuicio real y efectivo para el socio.