El mecanismo de segunda oportunidad

Carlos Sánchez López |  28 febrero, 2015 |  Concursal |  6 minutos

Ayer mismo se publicaba el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que modifica la Ley Concursal (LC). Desde el Gobierno se ha dicho que esta norma pretende normalizar una situación de endeudamiento excesivo y proteger a los sectores más vulnerables, permitiendo que las familias puedan volver a empezar. Analizaré brevemente en qué consiste la norma y en si se cumplen esos objetivos tan loables.

Actualización a 1 de agosto: recientemente ha entrado en vigor la Ley 25/2015, de segunda oportunidad, en la que se han introducido algunos cambios respecto del Real Decreto-ley. Esta entrada está pendiente de revisión y actualización, aunque la información básica debería continuar siendo correcta.

 

¿Qué es el mecanismo de segunda oportunidad?

El artículo 1911 del Código Civil establece el principio de responsabilidad patrimonial universal, ya que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. Lo que este principio establece es que todo el patrimonio del deudor, tanto el que se tenga ahora como el que se pueda tener en el futuro, queda afecto al cumplimiento de las obligaciones que se hayan contraído y, por tanto, puede ser legalmente aprehendido por los acreedores, con carácter general. El RD-l de segunda oportunidad establece una excepción a este principio, permitiendo que el pasivo insatisfecho de un deudor, esto es, las deudas no satisfechas, queden exoneradas.

Conforme a su exposición de motivos la finalidad de la norma es que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Es en la creencia de que nunca se podrá satisfacer como se justifica esta medida, pues de lo contrario lo que sucedería es que se estaría burlando el legítimo derecho de los acreedores. A nivel general este tipo de medidas, que ya existen en otras legislaciones de nuestro entorno, favorecen la economía en general y evitan la economía sumergida. No son pocos los casos de empresarios reconocidos que, previamente a obtener el éxito, tuvieron varios fracasos que les llevaron a la quiebra y a la bancarrota, encontrando ejemplos incluso en nuestro propio país

Requisitos para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad

El mecanismo de segunda oportunidad no está disponible para todo el mundo, ni opera de forma automática, sino que deben de cumplirse una serie de requisitos para poder acogerse a él.

El deudor debe ser una persona natural, física. No se contempla el mecanismo de segunda oportunidad para las personas jurídicas porque no es realmente necesario de acuerdo con la finalidad de la norma, ya que las personas jurídicas pueden “morir” de una forma relativamente sencilla, y la responsabilidad limitada de la mayoría de las formas societarias permite que las deudas mueran con ella sin trasladarse a los socios, que únicamente pierden aquello que hayan aportado.

El principal requisito es que el deudor que se pretende acoger al beneficio debe ser un deudor de buena fe. La ley regula detalladamente que requisitos deben concurrir para considerar que estamos ante un deudor de este tipo. Básicamente, lo que se requiere es que el concurso no sea culpable; que no haya sido condenado por delitos relacionados con el patrimonio, con las falsedades o contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social; y que haya existido una disposición al pago, manfiestada en el intento de celebración de acuerdos con los acreedores. Además, se establecen dos requisitos alternativos: que el deudor satisfaga una determinada parte del pasivo, en concreto, los créditos contra la masa, los créditos privilegiados, y un 25 por ciento de los créditos ordinarios; o que acepte someterse a un plan de pagos y se den una serie de situaciones como no haber incumplido sus obligaciones de colaboración en el concurso, no haberse beneficiado de esta exoneración en los últimos diez años, no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas a su capacidad, y aceptar su inclusión en un registro donde conste que se ha acogido a este mecanismo.

Cumplidos todos estos requisitos, el deudor deberá solicitar del juez del concurso el acogerse a este beneficio, dentro del trámite de audiencia de la fase de liquidación. Se permitirá un trámite de alegaciones a la Administración concursal y a los acreedores que estén personados en el concurso, los cuales podrán alegar lo que estimen oportuno y podrán oponerse si consideran que no concurren los requisitos.

Alcance y problemas de la norma

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho no alcanza a todo el pasivo. Se extiende a la parte insatisfecha de los créditos ordinarios y subordinados, y de los créditos con privilegio especial que no hayan podido satisfacerse con la ejecución de la garantía. Quedan fuera de la exoneración los créditos con privilegio general, los créditos de derecho público y los créditos por alimentos. Este es un punto muy criticable de la ley, pues cualquiera que tenga relación con pequeños y medianos empresarios sabe que son precisamente las deudas con Hacienda y las de Seguridad Social unas de las de mayor importancia dentro de esos negocios, lo que viene a reducir en gran medida la utilidad del beneficio de exoneración para hacer “borrón y cuenta nueva”, como expresa la exposición de motivos.

Por otro lado, existe la posibilidad de que, durante un plazo de cinco años, cualquier acreedor pueda solicitar la revocación del beneficio de exoneración cuando el deudor incurra en alguna de las causas que hubiera impedido su concesión; incumpla el plan de pago de las obligaciones no exoneradas; se constate la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados; o mejore sustancialmente la situación económica del deudor de manera que pudiera hacer frente a todas las deudas pendientes. Esta previsión legal es bastante peligrosa, pues dependiendo de la riguorsidad en su aplicación podría hacer prácticamente inviable que la exoneración sea tal. ¿Qué ocurre si se ha ocultado un bien de escasa entidad, de manera inconsciente? ¿Y si la situación económica del deudor sigue empeorando y ni siquiera puede hacer frente al plan de pagos? Y, en cualquier caso, el deudor no va a querer que su situación económica mejore durante ese plazo de cinco años, lo que puede hacerle recurrir a aquellas situaciones de economía sumergida que querían exitarse con esta norma. Quizás hubiese sido mejor permitir la exoneración sin posibilidad de reversión, incluso si eso supusiera la posibilidad de que algunos deudores pudieran explotar en cierta manera el sistema.