El proceso monitorio

Carlos Sánchez López |  13 mayo, 2015 |  Procesal |  7 minutos

Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los comerciantes, profesionales e incluso particulares es que les deban algo y, sencillamente, no se les pague. En muchas ocasiones el importe de estas deudas hace pensar al acreedor que no compensa el reclamarlas, que sólo en gastos de abogado, procurador y tasas ya va a gastar más que el propio importe de la deuda. Pero para estas situaciones existe el proceso monitorio, un proceso judicial ágil y rápido para la reclamación de deudas, sin necesidad de acudir a un abogado.

El proceso monitorio se encuentra regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su uso cada vez se encuentra más extendido, siendo en la actualidad el proceso judicial más utilizado en el ámbito civil. Se caracteriza porque, si el deudor no se opone, el acreedor cuenta directamente con un título ejecutivo que permitirá embargar los bienes del deudor, evitando de esa forma la tardanza y coste que supone un procedimiento tradicional.

¿Qué requisitos tiene?

La finalidad del proceso monitorio es reclamar deudas líquidas, determinadas, vencidas y exigibles. Que la deuda sea líquida significa que se pueda expresar numéricamente o mediante sencillas operaciones aritméticas, como por ejemplo una factura que contiene un importe. Quedarían fuera de esta definición aquellas que deban ser evaluadas, como por ejemplo unos daños producidos en algún objeto. Que sea determinada implica que se sepa con precisión el montante. Que esté vencida requiere que sea reclamable desde el mismo momento en que se presenta la solicitud inicial del proceso monitorio, por haber transcurrido ya el plazo para su pago. Y, por último, que sea exigible significa que el deudor esté obligado a su pago.

Hace algunos años existían unos límites a la cuantía de la deuda que podía reclamarse mediante el proceso monitorio. No obstante, actualmente, se pueden reclamar deudas de cualquier cuantía. Además, no requiere de la intervención de abogado y procurador, por lo que puede interponerlo el acreedor directamente.

¿Cómo puedo interponer el proceso monitorio?

El proceso monitorio se inicia por la presentación de una solicitud inicial en la que se debe expresar la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y el deudor o el lugar donde pudieren ser hallados, el origen y la cuantía de la deuda, y los documentos que permitan acreditarla. Para ello es recomendable emplear alguno de los formularios existentes, como el creado por el Consejo General del Poder Judicial. También están a disposición de los ciudadanos en los Decanatos y Servicios de Registro y Reparto de las sedes judiciales.

Es muy importante que la deuda y su origen sean descritas con la mayor precisión posible, ya que el deudor puede oponerse y en tal caso, se producirán unos efectos que a continuación se expondrán. También deben facilitarse todos los datos del deudor que sean posibles, para permitir que se realicen las averiguaciones necesarias y que las notificaciones lleguen rápidamente y se agilice el procedimiento. Debe tenerse en cuenta que en caso de no poder localiza al deudor se habrá de acudir a uno de los procedimientos declarativos clásicos (el juicio verbal o el juicio ordinario), en los que se permite la notificación por edictos, que es la que se utiliza para aquellos casos en los que no se puede notificar personalmente al interesado.

La deuda deberá acreditarse, según la Ley, con alguno o algunos de los documentos siguientes:

  1. Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.
  2. Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.
  3. Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.
  4. Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Como se pone de manifiesto a la vista de los documentos que se pueden presentar, el proceso monitorio es muy flexible y abierto, y se permite prácticamente cualquier documento que pueda usarse en el tráfico mercantil. Cuantos más documentos puedan presentarse, mejor, especialmente si estos se encuentran firmados por el deudor, siendo una buena práctica comercial documentar las relaciones económicas en la medida de lo posible.

El lugar donde se debe presentar la solicitud es en el Decanato o en el Servicio Común de Registro y Reparto del domicilio del demandado. En caso de no conocer tal domicilio, podrá presentar en el lugar donde el deudor pudiere ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el Tribunal. Si se trata de una reclamación de deuda de una comunidad de propietarios, podrá interponerse, además de en el domicilio del deudor, en el lugar donde se halle la finca. Importante: hay que acompañar copia de todo lo que se presente para el resto de partes, en este caso, para el deudor.

Junto con la solicitud deberá abonarse la tasa judicial correspondiente, que estará formada por una cantidad fija y una cantidad variable. La cantidad fija asciende a 100 euros, y la cantidad variable al 0,5% de la cantidad reclamada, y si la cuantía supera el millón de euros, a un 0,25% de la cantidad que supere dicha cifra. No obstante, están exentos de la tasa quienes tengan reconocido el beneficio de la justicia gratuita y, en todo caso, también están exentas las personas físicas. Esto significa que una sociedad deberá abonar la tasa pero no un autónomo o un particular.

Desarrollo del procedimiento

Una vez presentada la solicitud, el Secretario judicial la examinará junto con los documentos aportados, para verificar que constituyen un principio de prueba de la deuda y que se contienen todos los datos necesarios. Admitida, requerirá al demandado para que pague en el plazo de veinte días. Para ello, deberá notificar personalmente al deudor, por lo que esta fase puede demorarse durante semanas o incluso meses, especialmente si existen problemas para localizar al deudor. Los veinte días para el pago comienzan a computarse desde que la notificación ha sido practicada.

Cuando ha sido notificado, el deudor tiene tres opciones:

  1. Pagar de forma voluntaria: puede entregar la cantidad reclamada directamente al demandante, o ingresarla en la cuenta de consignaciones del Juzgado. Supone el fin del procedimiento.
  2. Oponerse: puede oponerse expresando por escrito las razones por las que no debe la deuda reclamada, total o parcialmente.
  3. Dejar transcurrir el plazo sin pagar ni oponerse: en tal caso, el Secretario Judicial finalizará el procedimiento mediante una resolución susceptible de ejecución.

En el caso de oposición, se pone fin al proceso monitorio, y la reclamación se tramitará por el procedimiento correspondiente. En caso de que la cuantía de la deuda fuese inferior o igual a 6.000 euros, este procedimiento sería el verbal, por lo que se convocará a ambas partes a una vista para practicar las pruebas correspondientes y finalmente dictar sentencia. Si la cuantía fuese superior a 6.000 euros, el procedimiento sería el ordinario, el peticionario deberá presentar una demanda, y se dará inicio al proceso judicial. De no hacerlo, será condenado a pagar las costas generadas por el monitorio.

Es importante tener en cuenta que, en el juicio verbal, será obligatorio acudir asistido por abogado y procurador si la cuantía es mayor a 2.000 euros y, en el juicio ordinario, en todo caso con independencia de la cuantía. También es obligatorio asistirse de abogado y procurador para el caso de que el deudor hubiese dejado transcurrir el plazo y se desee ejecutar la deuda, si ésta fuese superior a 2.000 euros. Y la contestación formulada por el deudor, si la reclamación es superior a 2.000 euros, también requiere de estos profesionales.