Las acciones contra cláusulas abusivas

Carlos Sánchez López |  9 diciembre, 2014 |  Consumo y Procesal |  5 minutos

La nulidad de las cláusulas abusivas opera ipso iure, esto es, no hace falta que un Juez así lo declare y un consumidor puede, en principio, comportarse como si la cláusula en cuestión no hubiese sido incorporada al contrato de que se trate (por ejemplo, en materia de cláusulas suelo consideradas abusivas, abonando pagos mensuales inferiores a los que la entidad reclama). En la práctica, sin embargo, lo más aconsejable es que la ineficacia de la cláusula sea expresamente declarada por un Juez o Tribunal en el ejercicio de una acción judicial. En esta entrada se analizarán las acciones contra cláusulas abusivas, que son de diverso tipo atendiendo a quién las ejercita, pudiendo ser individuales o colectivas.

2. Acciones individuales contra cláusulas abusivas

Resulta sorprendente que en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) no se articule la acción individual para solicitar la declaración de nulidad de una determinada cláusula, que en la práctica jurídica ha venido siendo la más utilizada, máxime teniendo en cuenta que se encuentra contemplada en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC). Quizás esta ausencia se deba al hecho de que, como norma general, las cláusulas abusivas serán también condiciones generales, por lo que pudo considerar el legislador que la acción más adecuada para proteger los derechos del consumidor sería una colectiva. En cualquier caso, y dado que la acción individual no sólo está permitida, sino que es habitualmente ejercida, debemos hallar su regulación acudiendo a la doctrina y la jurisprudencia.

La legitimación activa corresponde al consumidor adherente, según establece el art. 9 LCGC, el cual podrá ejercitar la acción de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual. Apoya esta legitimación el art. 1302 CC, en virtud del cual “pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos”. Y está legitimado pasivamente el empresario o profesional predisponente, como parte del contrato, siendo un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario.

En cuanto al plazo de ejercicio de la acción, a falta de regulación específica, podemos considerar que es imprescriptible, si bien dicho carácter se predica únicamente de la declaración de nulidad, y no de la restitución de las cosas (sujeta al plazo general de quince años del art. 1964 CC). Este plazo comenzará a correr, en virtud del art. 1969 CC, desde que la acción pudo ejercitarse, es decir, desde que se comience a producir efectos cuya remoción se requiere.

3. Acciones colectivas contra cláusulas abusivas

Junto con la acción individual ya examinada, nuestro ordenamiento también recoge un procedimiento colectivo y abstracto para la defensa de los consumidores y usuarios. Estas acciones colectivas están reguladas en la LCGC, en sus artículos 12 a 20, debiendo atender especialmente a la LEC, la cual modificó dichos artículos y atrajo para sí la regulación de determinados aspectos de estas acciones.

Contiene la norma tres tipos de acciones colectivas. La primera es la acción de cesación, que se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando, cuando sea necesario, el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz. Esta es la más importante en la práctica, y la empleada en materia de cláusulas suelo. El TRLGDCU, que trata también de la acción de cesación, establece expresamente que podrá acumularse accesoriamente la acción de devolución de cantidades cobradas en virtud de la condición general nula.

En segundo lugar, la acción de retractación, cuyo objeto es obtener una sentencia que declare e imponga al demandado (que puede no ser el predisponente) el deber de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas, y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro. Esta acción parece dirigida especialmente a aquellas asociaciones de empresarios o profesionales, o entidades con similar función, que remitan a sus miembros clausulados “modelo” para usar en distintos contratos.

Por último, la acción declarativa se dirigirá a obtener una sentencia que reconozca una cláusula como condición general de la contratación y ordene su inscripción en el Registro de Condiciones Generales. Este registro, creado ex profeso por la LCGC, es una sección del Registro de Bienes Muebles, y permite a los consumidores comprobar si las cláusulas incluidas en contratos que les afecten son o no abusivas.

En cuanto a la legitimación activa, especialmente relevante es la concesión de la misma tanto a las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente establecidas, como al Ministerio Fiscal. El art. 16 LCGC menciona también otras entidades, de menor importancia en la práctica, como colegios profesionales, cámaras de comercio, etc. En el lado de la legitimación pasiva se coloca cualquier profesional que utilice condiciones generales, especialmente si pueden reputarse nulas. Está expresamente permitido dirigir las acciones de forma conjunta contra varios profesionales o sus asociaciones.

Las acciones colectivas son imprescriptibles por norma general. No obstante, si las condiciones generales estuviesen inscritas en el registro o se hubiese declarado en firme su nulidad, prescribirán a los cinco años, por lo que en puridad, tan sólo la declarativa es verdaderamente imprescriptible.

Su ejercicio se llevará a cabo mediante de los trámites del juicio ordinario, tal y como establece expresamente el art. 249.1.5º LEC, al igual que en el caso de las acciones individuales.