Lidiando con las empresas de recobro

Carlos Sánchez López |  23 noviembre, 2015 |  Consumo |  7 minutos

Hace unos días me pedía consejo un amigo al que le había llamado una empresa reclamándole una deuda por un impago de una factura telefónica de hace más de diez años, y que ni siquiera recordaba que existiese. Se trata de una forma de proceder muy habitual, especialmente en tiempos de crisis, donde suele darse un aumento de la morosidad. En España existen numerosas empresas que, con mayor o menor insistencia, y con mayor o menor amabilidad, se dedican al recobro de deudas, y no contamos con una regulación específica para ese sector. Por eso, en esta entrada identificaré las actuaciones más comunes, la legalidad o ilegalidad de las mismas, y las posibles vías de actuación ante ellas.

¿Qué son, y cómo actúan, las empresas de recuperación de créditos impagados?

Un acreedor, que sería la empresa con la cual se tiene una deuda (a la que nos referiremos como empresa principal) puede transmitir su crédito sin necesidad de informar de ello al deudor. En tal caso, quién adquiere ese crédito pasa a ser el nuevo acreedor y puede, por tanto, reclamar su pago al deudor. La mayoría de empresas de recuperación de créditos impagados (o, popularmente, “empresas de recobro”) compran paquetes de deuda a las distintas compañías, generalmente por un precio bajo, y su ganancia es la diferencia entre lo que pagaron por esa deuda y lo que logran cobrar.

También existe otra modalidad de actuación en la que la empresa principal no cede su deuda, sino que se limita a encargar a la empresa de recobro la gestión para su cobranza. De esa forma, al encargarlo a una agencia externa especializada, reduce los gastos que le supondría el reclamar la deuda.

Si bien existen algunas (muy pocas) empresas de recobro que actúan de una forma transparente, seria y legal, lo cierto es que la mayoría del sector no duda en recurrir a prácticas que, como poco, deben calificarse de poco éticas, cuando no directamente de ilegales. Así, no es infrecuente que estas empresas realicen múltiples llamadas diarias, a horas intempestivas, a familiares y compañeros del deudor, sin identificarse correctamente y sin acreditar la deuda.

Comprobar la existencia y exigibilidad de la deuda

Ante una reclamación de este tipo, puede diferenciarse entre tres situaciones diferentes: que la deuda no exista, que la deuda sea incorrecta, o que la deuda sí exista.

Si considera que la deuda no existe, deberá en primer lugar comunicarlo a la empresa de recobro, y solicitarles que le envíen la documentación que acredite la deuda. Es muy infrecuente la insistencia para el cobro de deudas que no existen, pero en ocasiones puede suceder. En ese caso, y siempre que la actuación no sea tan grave como para ser delito, podrá solicitar la cancelación de sus datos personales, para lo que puede utilizar el modelo que ofrece en su página web la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Si transcurrido el plazo legal (diez días) no se han cancelado sus datos, entonces deberá acudir al procedimiento de tutela que ofrece la AEPD.

Puede pasar que la deuda sí exista, pero que la reclamación incluya cantidades o conceptos no debidos. Sólo está obligado a abonar aquellos conceptos que apareciesen recogidos en el contrato que suscribió con la empresa principal, pero no gastos u honorarios que la empresa de recobro le reclame. E incluso aunque las cantidades aparezcan en el contrato, las mismas pueden corresponder a cláusulas abusivas, especialmente en lo que respecta a intereses. En este caso, puede intentar negociar con la empresa de recobro o acudir a un abogado.

Si la deuda existe, y la cantidad que se reclama es correcta, no cabe duda de que en tal caso hay que abonarla. Generalmente, las empresas de recobro ofrecen la posibilidad de negociar en el caso de que existan dificultades económicas que impidan hacer frente a ella en ese momento. Y tenga en cuenta que, en función del importe de la deuda, las posibilidades de que se llegase a una reclamación judicial son escasas. En cualquier caso, y pese a que la deuda efectivamente exista y sea debida, la actuación de las empresas de recobro debe ajustarse a la legalidad.

Ha de tenerse en cuenta que, incluso si la deuda existió, puede haber prescrito. La prescripción supone que la deuda ya no puede exigirse o, para ser más exactos, que si se exige no es necesario su pago. Los plazos de prescripción varían en función del origen de la deuda. Por ejemplo, en el caso de deudas de telefonía, la prescripción se produce a los tres años desde que dejó de prestarse el servicio. No obstante, una reclamación del acreedor, que generalmente habrá de ser por un medio que deje constancia, como el burofax, interrumpe la prescripción. La interrupción conlleva que el plazo vuelva a comenzar a computarse desde esa fecha. Por tanto, ante una reclamación, ha de comprobarse que la deuda no haya prescrito.

La cesión de los datos personales y el contacto con terceras personas

Uno de los primeros pensamientos que acude a la mente de la persona a la que le reclama una deuda una empresa de la que no ha oído hablar y que dice actuar en nombre de otra es que puede estar incumplimiento la normativa de datos personales.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) permite a un tercero acceder a sus datos personales cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento (esto es, la empresa principal). La empresa de recobro únicamente podrá utilizarlos para el fin para el que se los hayan cedido, que será gestionar el pago de una deuda. Se trata, por tanto, de una cesión legal de datos personales.

Sin embargo, existen dos supuestos en los que la actuación de estas empresas de recobro pasa a vulnerar la LOPD. El primero de ellos es cuando no ha otorgado a la empresa principal el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, lo que puede darse por ejemplo cuando la deuda se origine de un servicio que finalmente no llegó a ser contratado y donde, en consecuencia, no prestó el consentimiento para el tratamiento de sus datos. En este tipo de casos debería notificar a la AEPD, pues se trata de una actuación sancionable.

El segundo supuesto es que la empresa de recobro no sólo le reclame la deuda a usted, sino que contacte con personas de su entorno (familiares, amigos, compañeros de trabajo) para obtener información y para comunicarles la existencia de la deuda y la conveniencia de su pago. En este caso, se estaría infringiendo el deber de secreto profesional  y de guardar los datos, lo cual también es sancionable y debería ser comunicado a la AEPD.

Cuando la actuación se convierte en delito

En ocasiones, las empresas de recobro no se limitan a algunas llamadas reclamando la deuda, sino que las llamadas son constantes durante todo el día, incluso a horas inoportunas; los operadores son mal educados y buscan la provocación; o, como ya hemos mencionado, se realizan al entorno del deudor.

En estos casos, es muy posible que la actuación de las empresas de recobro haya pasado a convertirse en un delito, y existen numerosas sentencias de condena a estas empresas por acosar a deudores. Especialmente cuando la deuda no sea exigible, podría aplicarse el delito de acoso que se tipificó recientemente (sobre el que escribí una entrada cuya lectura recomiendo) o un delito de coacciones.

Por tanto, y si las actuaciones de estas empresas comienzan a adquirir una insistencia y molestia excesivas, lo recomendable es hacer acopio de toda la prueba posible, como por ejemplo la grabación de conversaciones y, especialmente, los registros de llamadas que acrediten la insistencia, e interponer una denuncia ante los tribunales.